Código Procesal Civil Adversarial de Neuquén: qué cambia respecto de la Ley 912

CPCA arts. 3, 79 y 621 · Ley 3551, art. 2

A qué procesos se aplica y qué queda de la Ley 912

El CPCA regula la jurisdicción de los jueces del fuero civil, comercial y de minería, con exclusión de toda cuestión atinente a la responsabilidad del Estado provincial y sus funcionarios o a sus bienes de dominio público o privado (art. 79). Adopta el proceso adversarial para todos los casos cuya materia involucre derechos privados transigibles o disponibles para las partes: en ellas, y de manera exclusiva, recaen el impulso procedimental, la afirmación de hechos y su prueba (art. 3). Además, sus normas son de aplicación supletoria para todos los procesos y procedimientos que tramitan ante el Poder Judicial de la provincia: familia, laboral, contencioso administrativo y, en lo pertinente, penal (art. 621).

La Ley 3551 deroga, a partir de la entrada en vigencia del código, la Ley 912, todas las normas que la modifican y las que se oponen al CPCA (art. 2). Pero no toda la Ley 912 desaparece. Hasta que rija el Código Procesal de Familia de la Provincia del Neuquén, siguen vigentes:

• Libro IV, Título II: proceso de declaración de incapacidad (arts. 624 a 637).
• Libro IV, Título III: alimentos y litis expensas (arts. 638 a 651).
• Libro VII, Título I, Capítulo I: autorización para contraer matrimonio (arts. 801 y 802).
• Libro VII, Título I, Capítulo II: tutela y curatela (arts. 803 y 804).

La exposición de motivos explica por qué: la Comisión Especial de Reforma resolvió redactar dos códigos independientes, uno civil y comercial, enfocado en litigios de carácter privado, y otro de familia, por la distinta naturaleza de los conflictos en juego.

CPCA art. 619 Ley 912 arts. 812 a 818

Expedientes en trámite: la regla de transición

El CPCA es aplicable a todo procedimiento en trámite desde el 1 de agosto de 2026, con excepción de los actos, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución o empezado su curso, que se rigen por las disposiciones hasta entonces aplicables (art. 619). El mismo artículo fija una pauta para el período de transición: en caso de duda, debe estarse por la interpretación que resulte más favorable a la subsistencia o vigencia del derecho, acto o trámite.

Es la técnica que usó la propia Ley 912 al entrar en vigencia en 1976: aplicación a los juicios pendientes, salvo los trámites, diligencias y plazos con principio de ejecución o que hubieran empezado su curso (art. 812). Aquel código agregaba una regla que el CPCA no reproduce: cuando otorgaba plazos más amplios, estos se aplicaban aun a los juicios anteriores (art. 818).

CPCA Libro Primero, Título I, Capítulo I · arts. 1 a 7

El cambio de modelo, en diez puntos

La exposición de motivos resume el objetivo en una frase: un modelo adversarial «donde la defensa en juicio de las partes y la imparcialidad judicial ocupan un lugar central», que deja alineados entre sí los modelos de enjuiciamiento civil y penal. Estas son las diferencias estructurales con la Ley 912; cada una se desarrolla después en su sección.

Dos reglas generales atraviesan todo el código. La de eventualidad: salvo disposición en contrario, las partes deben hacer valer de una sola vez todas las pretensiones, defensas y excepciones vinculadas al caso de que tengan conocimiento o estén a su alcance, y lo que no se ejerce se tiene por renunciado (art. 5). Y la de los acuerdos procesales: en el proceso adversarial las partes pueden modificar el procedimiento legal, celebrar acuerdos probatorios o sobre el cumplimiento de sentencias y, salvo en contratos con cláusulas predispuestas, convenir las normas aplicables, con efecto vinculante para el juez (art. 6). El mismo artículo distingue las consecuencias de incumplir un deber (sanción), una obligación (constricción hasta que se cumpla) y una carga (pérdida de la oportunidad).

CPCA Libro Primero, Título I, Capítulos I a VIII · arts. 1 a 55 Ley 912 Libro I, Título II · arts. 40 a 114

Partes, abogados y domicilios

El Título I del CPCA reemplaza las viejas «reglas generales» por una definición de parte procesal (art. 1) y regula, con un detalle que la Ley 912 no tenía, la transformación y el reemplazo de la parte (arts. 22 a 25), la acumulación de pretensiones conexas (arts. 26 a 35) y la intervención de terceros (arts. 36 a 48).

Lo que el abogado patrocinante no puede firmar solo

El art. 15 enumera los actos para los que el patrocinio no habilita al letrado: promover, modificar o contestar la demanda; reconvenir; allanarse; transigir, conciliar o solicitar la perención de instancia; desistir; cobrar y dar recibos, fianzas o cauciones; impugnar resoluciones judiciales; y cualquier otra articulación que pueda generarle costas al patrocinado. Esos actos sólo son válidos si el escrito está firmado por el patrocinado o su representante (art. 15). Si el cliente no tiene firma digital, firma el escrito en papel y el abogado ingresa la imagen digitalizada, con el carácter de depositario judicial del original (art. 131); también vale la firma manuscrita electrónica (art. 125, último párrafo).

Toda persona que intervenga como parte o tercero debe hacerlo con abogado matriculado; los jueces no permiten la participación en audiencias sin abogado ni proveen escritos sin firma de letrado (art. 14). Y una vez que el juez comenzó a conocer, no puede incorporarse un abogado que motive su recusación o excusación, salvo fallecimiento, inhabilitación o poder otorgado antes de su intervención (art. 104).

El pedido directo de informes

Los abogados pueden dirigirse directamente a personas humanas o jurídicas, organismos e instituciones públicas o privadas para recabar fuentes de prueba e información, con un proceso en trámite o por iniciarse. El pedido debe indicar el nombre de las partes y a quién asiste el abogado, los datos de la actuación digital única si ya está radicada y el motivo; transcribir el artículo; informar que el plazo de respuesta es de 10 días hábiles; y prevenir que, ante demora injustificada, se podrán pedir al juez las sanciones conminatorias del art. 78. Queda fuera la información protegida por secreto fiscal, bancario o profesional y la que el informante declare confidencial: para eso hace falta orden judicial o el trámite de prueba anticipada (art. 18). La Ley 912 sólo permitía al letrado presentar oficios sin previa petición judicial en los juicios sucesorios, ejecutivos, de ejecución de sentencia, posesorios, de desalojo o voluntarios (art. 400).

Domicilio electrónico

Las partes y todo interviniente deben constituir domicilio electrónico en su primera presentación, incluso si es en audiencia. Con la primera diligencia se tiene por intimado al demandado a constituirlo, bajo apercibimiento de quedar notificado automáticamente de todas las resoluciones posteriores, salvo las sentencias definitivas y la que decrete la rebeldía (art. 19). Si no se denuncia domicilio real o no se lo puede ubicar, se tiene por tal el electrónico; y el domicilio contractual constituido en el de la contraparte no sirve para notificar al constituyente (art. 20). El domicilio electrónico produce efectos sólo en la actuación en que se lo constituyó, pierde vigencia si esta permanece archivada más de un año y, si cesa la intervención del abogado, la parte es intimada en su domicilio real a constituir uno nuevo en 10 días (art. 21).

CPCA Título I, Capítulo IX · arts. 56 a 74 Ley 912 Título II, Capítulos V y VI · arts. 68 a 86

Costas y beneficio de acceso gratuito a la justicia

Pueden oponerse al beneficio la contraparte, la Fiscalía de Estado y el colegio de abogados, por incidente y con la carga de acreditar la inexactitud de lo declarado. Si la oposición prospera, las costas son del peticionante y, si no pagó la tasa de justicia, se lo intima a integrarla en 5 días con intereses equivalentes a dos veces la tasa prevista, desde la demanda (art. 69); no puede volver a pedirlo hasta reponer la tasa del principal e invocar motivos posteriores (art. 72). La falsedad u omisión maliciosa en la declaración se sanciona con multa de 10 a 50 jus y comunicación al Ministerio Público Fiscal (art. 74), y es además una de las conductas de mala fe del art. 7 (inc. 14).

Se mantiene la regla por la cual quien fue condenado en costas en un incidente no puede promover otro sin pagarlas o darlas a embargo (art. 58; antes, art. 69).

CPCA Título II · arts. 75 a 122 Ley 912 Título I · arts. 1 a 39; resoluciones, arts. 160 a 168

El juez: plazos para resolver, competencia y recusación

Plazos para dictar resolución

Para computar esos plazos no cuenta ninguna resolución que dilate la decisión cuando ya están dadas las condiciones para tomarla (art. 75, inc. 7). El juez debe analizar la totalidad del material probatorio ofrecido, admitido y producido (inc. 8), y hacer fracasar injustificadamente tres audiencias preliminares o de juicio en un año es falta grave (inc. 4). La audiencia con fines conciliatorios sólo se dispone a pedido de parte (art. 77, inc. 1); la Ley 912 permitía convocarla de oficio (art. 36, inc. 4).

El retardo tiene un trámite nuevo: vencido el plazo, pedido de pronto despacho; si en 10 días no hay resolución (5 días en medidas cautelares, anticipos, diligencias preparatorias y otros asuntos urgentes), queja ante el Tribunal Superior de Justicia, exenta de tasa (arts. 118 y 119). El pedido de informe del TSJ importa intimación legal a dictar la resolución (arts. 120 y 121), y tres sanciones en un año son falta grave (art. 122). En la Ley 912 era el propio juez quien debía avisar al presidente del TSJ que no llegaba a sentenciar en plazo (art. 167).

Competencia

• Queda excluida del fuero toda cuestión atinente a la responsabilidad del Estado provincial y sus funcionarios (art. 79).
• En asuntos exclusivamente patrimoniales, no procede la declaración de incompetencia territorial de oficio (art. 82).
• En contratos con proveedores de bienes, insumos, obras o servicios con domicilio legal en la provincia, la competencia territorial de los tribunales provinciales es exclusiva e improrrogable, y la cláusula de prórroga en contrario se tiene por no escrita (art. 83, inc. 3).
• Para expensas y demás pretensiones de propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios, el juez del lugar de la unidad funcional (inc. 13).

Recusación y excusación

La exposición de motivos vincula la causal de temor de parcialidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y con el caso «Llerena» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Resoluciones

El código define cuatro clases —providencia de trámite, sentencia interlocutoria, homologatoria y definitiva— y asigna a cada una sus vías de impugnación (art. 106). La providencia que deniega lo pedido debe fundarse bajo pena de nulidad (art. 107); las interlocutorias planteadas en audiencia se sustancian y resuelven oralmente, con registro audiovisual (art. 108); la sentencia definitiva nunca se dicta oralmente (art. 110) y debe explicitar qué hechos se tienen por probados y sobre la base de qué pruebas (art. 111, inc. 5). La sentencia definitiva la notifica el propio juez dentro de 3 días a los domicilios electrónicos; las notificaciones a domicilios reales quedan a cargo de las partes (art. 114).

CPCA Título III · arts. 123 a 180 Ley 912 Título III · arts. 115 a 174

Actuación digital, audiencias, notificaciones y plazos

Las actuaciones, resoluciones y actos pueden registrarse digitalmente en documento escrito, visual, de audio o audiovisual, con la misma validez que en papel, incluidas las firmas ológrafas estampadas sobre dispositivos o plataformas (art. 125). Con el escrito inicial se forma la actuación digital única (art. 132), de libre acceso por la web del Poder Judicial salvo las reservadas (art. 133).

Presentaciones, cargo y fondos

• Las presentaciones digitales pueden ingresarse cualquier día y a cualquier hora; si es tiempo inhábil, se toman como presentadas el día y hora hábil siguiente (art. 140).
• Plazo de gracia: se consideran en plazo las presentaciones del día hábil siguiente al vencimiento durante todo el horario de atención al público (art. 140). La Ley 912 lo limitaba a las dos primeras horas (art. 124). En ese plazo el juzgado debe recibir en papel el escrito que no pudo presentarse digitalmente (art. 141).
• Ante fallas del sistema, las cargas se cumplen al restablecerse; si son graves, el TSJ suspende los plazos (art. 135).
• Los expedientes en papel se retiran por 5 días y sólo para los supuestos del artículo (art. 142); antes, 3 días (art. 127).
• Los pagos pueden hacerse por transferencia directa a la cuenta del beneficiario, previa verificación de capacidad, del Registro de Deudores Alimentarios Morosos y de embargos. La resolución que dispone fondos se notifica automáticamente y se consiente en 3 días, que corren también en la feria, habilitada de pleno derecho a ese efecto (art. 130).

Audiencias

Se fijan dentro de los 3 días de solicitadas y las partes las notifican con al menos 5 días de anticipación; son públicas bajo pena de nulidad; pueden hacerse por plataforma virtual; los citados esperan hasta 30 minutos; y ninguna intervención oral puede sustituirse por escritos (art. 145). Todo lo actuado se registra en audio y video; si el juzgado no puede hacerlo, puede registrarlo cualquiera de los abogados con su dispositivo (art. 127). En las audiencias preliminar y de juicio la presencia del juez es personal, indelegable y bajo pena de nulidad (art. 146). En la Ley 912, el secretario levantaba acta con una relación abreviada de lo ocurrido (art. 125).

Notificaciones

Se suma la notificación por intermedio de la Policía, en especial en zonas rurales (art. 156). La notificación irregular es nula y, si la practicó quien no es funcionario —el abogado, por ejemplo—, se le aplica una multa de 1 a 5 jus (art. 160).

Plazos

El traslado contiene una orden, un plazo y un apercibimiento, y genera una carga; la vista, en cambio, sólo pone en conocimiento a quien no es parte (arts. 164 y 165). El régimen de nulidades no cambia en lo sustancial, pero quien la pida debe expresar cómo y cuándo conoció el acto (art. 177), el perjuicio y las defensas que no pudo oponer (art. 178); y en los procesos declarativos el control de legalidad de la audiencia preliminar cierra los planteos por actos anteriores (art. 385, inc. 2).

CPCA Título IV, Capítulos I a IV · arts. 181 a 232 Ley 912 arts. 59 a 67 y 175 a 237 bis

Incidentes, rebeldía, medidas cautelares y anticipo de pretensiones

Incidentes y rebeldía

Las incidencias que surgen durante una audiencia se resuelven en ella, previa sustanciación; los incidentes tramitan por escrito (art. 181). La demanda incidental debe cumplir los requisitos de la demanda y ofrecer toda la prueba; los que pudieron deducirse juntos y no se dedujeron se desestiman sin más trámite (art. 183). Traslado por 5 días (art. 184) y cada parte tiene la carga de hacer comparecer a sus testigos (art. 185), sin el tope de cinco que fijaba la Ley 912 (art. 183).

La rebeldía se decreta en los procesos declarativos (art. 187) y hace aplicable la presunción de verdad del art. 376, inc. 1 (art. 188); en la Ley 912 la rebeldía firme sólo constituía presunción «en caso de duda» (art. 60). Desde la declaración de rebeldía, sin esperar que se notifique y sin contracautela, pueden decretarse medidas cautelares o anticipos pretensionales (art. 188).

Medidas cautelares

Proceden sin previa sustanciación, entre otros casos, cuando el derecho surge de un instrumento atribuido al afectado con firma digital o certificada, de libros de comercio o de certificación contable; cuando el afectado intenta reducir su solvencia; o cuando el demandado por un accidente de tránsito, requerido al efecto, no acredita tener seguro (art. 199). Durante el proceso, también ante el reconocimiento de los hechos, la falta de contestación de la demanda o una sentencia favorable, aunque no esté firme (art. 200). Las medidas son siempre accesorias de un proceso iniciado o por iniciarse (art. 197); la caducidad por no demandar en 10 días se mantiene (art. 208; antes, art. 207). El embargo puede sustituirse depositando el capital más lo presupuestado para intereses y costas, o el capital e intereses más un 25 %, lo que sea mayor (art. 213).

Anticipo de pretensiones: una categoría nueva

El CPCA separa de las cautelares los anticipos de pretensión, que implican modificar una situación jurídica o imponer una conducta positiva por la gravedad del daño (art. 227). Quien lo pide debe probar:

• un caso serio para ser juzgado con alta probabilidad de éxito;
• una urgencia tal que, sin el anticipo, se frustre el derecho y se cause un daño irreparable o de difícil reparación (art. 228).

Ambos presupuestos se prueban en grado de probabilidad preponderante. Además, debe demostrar que el anticipo no tendrá efectos irreversibles y que no existe una medida menos gravosa, y prestar siempre caución real previa (art. 228). Tramita por incidente bilateral: traslado por 5 días (3 en sumarísimos y amparos) y audiencia dentro de 10 días (art. 229); se resuelve en menos de 3 días, incluso oralmente, y las impugnaciones no suspenden (art. 230). Si la pretensión se rechaza en la sentencia o el proceso termina por desistimiento o perención, se restituye lo recibido con intereses (art. 230). Ante circunstancias impostergables cabe una medida interina, restringida a lo mínimo indispensable (art. 231).

Para inmuebles hay una vía específica: en reivindicación y en desalojos por falta de pago, vencimiento, cambio de destino, deterioro, uso abusivo o intrusión, vencido el plazo para contestar y admitidos o presumidos los hechos, el actor puede pedir la entrega inmediata del bien, con caución y sin sustanciación (art. 232).

CPCA Título IV, Capítulos V a VIII · arts. 233 a 277 Ley 912 arts. 238 a 318

Terminación anticipada, perención y recursos

La transacción presentada en las actuaciones tiene efectos de cosa juzgada en forma inmediata, sin homologación, salvo que una ley la exija (art. 237); en la Ley 912 el juez la homologaba (art. 308). El desistimiento del proceso notificada la demanda requiere conformidad del demandado, que se tiene por prestada si no se opone en 5 días (art. 234). Y se regula la extinción por sustracción de materia cuando el caso se torna abstracto por hechos posteriores a la demanda, con costas por su orden salvo que el demandado haya dado motivo al juicio (art. 246).

Perención de instancia

Recursos

Las reglas generales son nuevas: sólo recurre quien demuestra un gravamen, no el mero interés de la ley (art. 247); las resoluciones dictadas en audiencia sólo se recurren verbalmente en el mismo acto, y concluida la audiencia precluye la posibilidad (art. 248); todo recurso pasa un examen previo de admisibilidad (art. 249); y la revisión no puede tratar cuestiones no propuestas ni perjudicar al recurrente (art. 250).

La prueba en segunda instancia se pide al expresar agravios, cuando se denegó un medio que debió admitirse o no pudo producirse por causas ajenas al oferente (art. 265), y se produce en una audiencia fijada dentro de 20 días o, si no hace falta audiencia, en un período de prueba de igual plazo (art. 268). Los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia —casación por inaplicabilidad de ley y doctrina legal, nulidad extraordinario y extraordinario de inconstitucionalidad— no se incorporan al código, que sólo los menciona (art. 106); según la exposición de motivos, para mantener la vigencia de las leyes que los regulan.

CPCA Título V · arts. 278 a 287 Ley 912 Libro II, Título I, Capítulo II · arts. 323 a 329

Antes de la demanda: diligencias preparatorias, prueba anticipada, preservación y descubrimiento

Cómo funciona el descubrimiento de fuentes de prueba

La exposición de motivos lo presenta como una figura «inédita en la legislación argentina», pensada para completar una investigación en curso, armar la teoría del caso, favorecer un acuerdo o evaluar si el conflicto está maduro para el juicio. El trámite es este:

1. Requisitos

   Demostrar un conflicto en el que se está involucrado y que habilitaría a ser parte en un futuro litigio en la provincia; pedir fuentes identificadas y vinculadas al conflicto; y acreditar sumariamente que la información falta y no puede obtenerse de otro modo, que el pedido es razonable y proporcionado, y que es imprescindible para la teoría del caso o útil para evitar el juicio (art. 286).

2. Pedido extrajudicial

   Por escrito, al domicilio real de la futura contraparte, con los datos del solicitante y sus abogados y un correo electrónico constituido. Hay que transcribir íntegros los arts. 286 y 287, los incisos 4 y 5 del art. 7 y el art. 78, e informar el plazo de respuesta de 10 días hábiles (art. 287).

3. Respuesta

   El requerido acepta o rechaza fundadamente, con abogado, y puede pedir a su vez fuentes en poder del solicitante. Si acepta, las partes acuerdan el procedimiento en 10 días hábiles (art. 287).

4. Vía judicial

   Ante el rechazo o el fracaso, el pedido se presenta por incidente ante el juez competente para el futuro litigio. En el juicio posterior, el solicitante ya no podrá plantear la incompetencia (art. 287).

5. Costas

   Pueden pedirse costas y regulación de honorarios por el procedimiento, extrajudicial o judicial (art. 287).

Puede hacerse mediante declaración de testigos, reconocimiento de lugares o cosas, exhibición de documentos y registros o pedido de informes a la futura contraparte. Queda excluida la información protegida por secreto fiscal, bancario, industrial o profesional y la confidencial, y no procede el pedido genérico, especulativo o injustificadamente amplio (art. 286). Las deposiciones prestadas en el descubrimiento pueden leerse después en la audiencia para demostrar contradicciones (art. 335).

CPCA Título VI, Capítulos I a III · arts. 288 a 319 Ley 912 Libro II, Título II, Capítulo V, Secciones 1ª a 3ª · arts. 360 a 403

Prueba: reglas generales, documentos e informes

Se incorporan tres figuras: la adquisición (se puede desistir de un medio hasta que se practica; producido, la información pertenece al proceso) (art. 297); la prueba extraprocesal, producida de común acuerdo o delegada en un tercero con citación de la contraria (art. 299); y la prueba trasladada de otro proceso, sólo si allí se practicó con control de la parte contra quien se invoca (art. 300). Gestionar el libramiento y diligenciamiento de oficios y exhortos es carga de las partes (art. 302).

Documentos y documentos digitales

La documental comprende todo soporte de información: textos, imágenes, sonidos, mensajes de correo, de texto o instantáneos, publicaciones en redes sociales y metadatos (art. 303). Si el documento está en poder de la contraria, se la intima por cédula a presentarlo en 10 días; la negativa infundada genera presunción en su contra (art. 305). Los instrumentos privados emanados de terceros que se desconozcan se reconocen en la audiencia de juicio o por oficio al emisor, con valor de declaración jurada (art. 307). La redargución de falsedad se promueve por incidente en 10 días y es inadmisible si no se indican los elementos y se ofrecen las pruebas de la falsedad (art. 311).

Quien ofrece documentos digitales debe indicar cómo se accede a ellos, identificar las partes relevantes y, siempre que sea posible, acompañar una copia con métodos que aseguren su inalterabilidad (art. 312). La contraria tiene la carga de reconocer o desconocer expresamente su autenticidad, integridad y exactitud, bajo apercibimiento de tenerlos por reconocidos; si se trata de un registro audiovisual con su imagen, debe reconocer o desconocer específicamente esa circunstancia (art. 313).

CPCA Título VI, Capítulo IV · arts. 320 a 340 Ley 912 Secciones 4ª y 5ª · arts. 404 a 458

Prueba testimonial: interrogatorio, contrainterrogatorio y objeciones

La exposición de motivos lo anticipa: «hay notables cambios en la prueba testimonial». Desaparece la absolución de posiciones (art. 293) —que la Ley 912 regulaba con confesión ficta (arts. 404 a 425)— y la declaración de testigos deja de ser un interrogatorio del juez sobre un pliego para convertirse en una técnica a cargo de los abogados.

La audiencia testimonial

Los testigos de una y otra parte declaran, en lo posible, en la misma audiencia y de manera alternada, en el orden que decidan los abogados; se les informan las consecuencias penales del falso testimonio y su derecho a indemnización, y prestan juramento (art. 325). El examen sigue cuatro tramos:

1. Interrogatorio directo

   A cargo del abogado que propuso al testigo, empezando por la actora. Se admiten preguntas abiertas y cerradas; están vedadas las sugestivas, salvo que se autorice el tratamiento de testigo hostil (art. 326).

2. Contrainterrogatorio

   El abogado de la contraria puede confrontar al testigo con su teoría del caso o con otras versiones y formular preguntas sugestivas (art. 326).

3. Nuevo examen

   Limitado a lo tratado en el contrainterrogatorio (art. 326).

4. Nuevo contraexamen

   Limitado a lo abarcado por el nuevo examen (art. 326).

En cualquier tramo pueden hacerse preguntas sobre la credibilidad del testigo e incorporarse prueba de su veracidad, si antes se le dio oportunidad de admitir, negar o explicar y se la exhibió a la contraria (art. 326); también pueden leerse sus declaraciones previas, judiciales o extrajudiciales, para demostrar contradicciones o ayudar a la memoria (art. 335).

Objeciones. No se admiten las preguntas compuestas, capciosas, impertinentes, tendenciosas, ambiguas, irrelevantes, repetitivas, argumentativas, conclusivas, especulativas, carentes de base o que tergiversen lo declarado, entre otras. La objeción se formula antes de que el testigo responda, indicando la causal; se da un breve traslado y el juez resuelve de plano, sin hacer salir al testigo. La resolución es irrecurrible y no se imponen costas, salvo abuso notable (art. 327).

Además: quien declara sobre hechos que conoció espontáneamente se rige por la testimonial aunque use conocimientos técnicos (testigo experto) (art. 321); las víctimas afectadas psicológicamente pueden declarar en privado y con asistencia (art. 322); y ante indicios graves de falso testimonio, el juez remite el registro al Ministerio Público Fiscal (art. 338). En la Ley 912 podía ordenar la detención (art. 449).

CPCA Título VI, Capítulos V y VI · arts. 341 a 359 Ley 912 Secciones 6ª y 7ª · arts. 459 a 480

Prueba pericial y reconocimiento de lugares

El dictamen de parte no tiene valor si el perito no asiste a la audiencia para dar explicaciones, no las da en tiempo o prospera su recusación; sus honorarios integran las costas con el tope que correspondería a un perito único (art. 344). Los consultores técnicos conservan el tope del 50 % de lo regulado al perito único (art. 345; antes, art. 461 bis). Los honorarios del perito no pueden depender del resultado del litigio (art. 342).

CPCA Libro Segundo, Título I, Capítulos I y II · arts. 360 a 390 Ley 912 Libro II, Título II · arts. 330 a 485

El juicio ordinario, etapa por etapa

El ordinario es el proceso residual: tramita por él toda pretensión que no esté en la lista del sumarísimo ni tenga procedimiento especial (art. 360). Si hay prueba por producir, se desarrolla en dos audiencias (art. 362). La resolución que determina el trámite es inapelable (art. 360).

1. Demanda

   Además de los datos de las partes —con DNI o CUIT y sede inscripta—, debe especificar la teoría del caso; relatar las afirmaciones fácticas de cada pretensión «sin glosa o cita doctrinal o jurisprudencial», ordenadas y numeradas para facilitar su admisión o negación; formular la imputación jurídica y acompañar la documental. El resto de la prueba se ofrece después de la apertura (art. 363).

2. Control de admisibilidad

   Si falta un requisito, subsanación en 15 días bajo apercibimiento de archivo. El juez no puede rechazar liminarmente la demanda salvo supuestos tasados: falta de caso justiciable, competencia de otro poder, cuestión abstracta o prohibida, caducidad legal o manifiesta carencia de contenido jurídico (art. 364). La Ley 912 permitía rechazar de oficio la demanda que no se ajustara a las reglas (art. 337).

3. Traslado

   20 días para contestar (art. 364); en la Ley 912, 15 (art. 338). Si el demandado está en el extranjero: 35 días en países limítrofes y 45 en los demás (art. 367).

4. Excepciones y contestación

   Las excepciones de previo pronunciamiento se oponen en el mismo escrito de la contestación (art. 370); en la Ley 912, dentro de los primeros 10 días del plazo (art. 346). Se agregan la ausencia de caso justiciable, la sustracción de materia litigiosa, la prescripción de puro derecho y el acuerdo de arbitraje (art. 371); ya no figura el arraigo (art. 348). El silencio, las respuestas evasivas o la negativa general implican, salvo prueba en contrario, la presunción de verdad de los hechos lícitos y pertinentes (art. 376); la Ley 912 decía que «podrán estimarse» como reconocimiento (art. 356). Reconvención en el mismo escrito, con 20 días para contestarla (art. 377; antes, 15: art. 358).

5. Hechos o documentos nuevos

   Hasta 5 días después de notificada la apertura a prueba o la declaración de puro derecho; se admiten o rechazan en la audiencia preliminar (art. 379).

6. Apertura a prueba

   A pedido de parte, puro derecho o apertura a prueba (art. 380). En la misma providencia se fija la audiencia preliminar entre 30 y 40 días, notificada con 20 días de antelación (art. 381). Las partes ofrecen las demás pruebas dentro de un plazo común de 10 días (art. 382) y pueden oponerse a la apertura en 3 días (art. 383).

7. Audiencia preliminar

   Con presencia indelegable del juez: invitación a conciliar o a arbitrar; control de legalidad que cierra los planteos de nulidad por actos anteriores; decisión sobre hechos nuevos; fijación del tema de prueba; planteos de inadmisibilidad y resolución sobre la prueba, sin poder denegar la que las partes consintieron ni incorporar prueba de oficio. Si no hay prueba que producir, alegatos de 10 minutos y sentencia. Si la hay, se fija la audiencia de juicio entre 40 y 60 días (art. 385).

8. Audiencia de juicio

   Nula si el juez no está presente todo el tiempo, y esa nulidad no se convalida. Sesiones consecutivas (art. 386). Alegatos de apertura de hasta 10 minutos (art. 387); producción de la prueba y caducidad de la que no se produjo; si falta algo por causa ajena a la parte, audiencia complementaria dentro de 15 días; quien no asiste sin causa pierde el derecho a producir su prueba (art. 388). Alegatos de clausura de hasta 20 minutos, más réplica de 5, nunca sustituibles por escritos (art. 389).

9. Sentencia

   La conclusión de la audiencia importa el llamado de autos (art. 390); la sentencia se dicta en 15 días (art. 75, inc. 7.3). La prejudicialidad no suspende el proceso antes de que esté en condiciones de ser sentenciado (art. 390).

CPCA Libro Segundo, Título I, Capítulos III y IV · arts. 391 a 409 Ley 912 Título III · arts. 486 a 498; Libro IV · arts. 652 a 678

Juicio sumarísimo y pretensiones particulares

El sumario desaparece. En la Ley 912 tramitaban por esa vía los juicios de hasta 140 JUS y una lista de materias (art. 320), mientras el sumarísimo quedaba para el amparo contra actos de particulares (art. 321). En el CPCA, el sumarísimo se aplica, cualquiera sea el monto, a estas pretensiones (art. 361):

• Declarativas de certeza
• Defensa de la posesión, la tenencia y el derecho real
• División de cosas comunes
• Nulidad de instrumentos públicos y contratos
• Simulación y revocatoria o pauliana
• Prevención de daños
• Escrituración y resolución de compraventa de inmuebles
• Rendición de cuentas
• Pago por consignación
• Cobro de alquileres de muebles o inmuebles sin vía ejecutiva
• Honorarios profesionales extrajudiciales
• Cobro de seguros
• Cuestiones entre socios; disolución y liquidación de sociedades
• Restricciones al dominio, vecindad, propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios
• Fijación del plazo de cumplimiento
• Daños por accidentes de tránsito e incumplimiento del contrato de transporte
• Cobro de obligaciones dinerarias en cualquier moneda
• Obligaciones de dar cantidades de cosas o cosas ciertas
• Petición de herencia, indignidad, colación, reducción y legítima
• Cancelación de hipoteca o prenda
• Restitución de cosa dada en comodato
• Marcas y nombres comerciales

El desalojo y el amparo contra actos u omisiones de particulares también tramitan como sumarísimos, pero con las reglas especiales del art. 418 (art. 361, últimos párrafos). Las demás pretensiones por daños derivados de delitos y cuasidelitos, que la Ley 912 enviaba al sumario (art. 320, inc. 3, k), no figuran en la lista: tramitan por juicio ordinario (art. 360).

Pretensiones particulares

• Meramente declarativa: exige caso justiciable y un perjuicio o lesión actual y concreta (art. 393).
• Rendición de cuentas: procede si la obligación surge de sentencia, de instrumento o de la diligencia preliminar; 10 días para rendirlas bajo apercibimiento de estar a las del actor; el saldo reconocido se ejecuta sin esperar la resolución final (arts. 394 a 399). Antes tramitaba por sumario (art. 652).
• Deslinde: se integra a los procesos declarativos, con traslado por 10 días y mensura (art. 400); la mensura queda como procedimiento especial.
• División de cosas comunes: la sentencia decide la forma de división; si no lo hace, audiencia y perito; hace falta aprobación judicial del acuerdo privado si hay menores, personas con capacidad restringida o ausentes (arts. 402 a 404).
• Nuevo Nulidad de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada: por dolo, fraude o colusión, con interés actual o público; no por error de hecho o de derecho ni por vicios que pudieron atacarse con recursos. El Ministerio Público está legitimado; entienden jueces que no intervinieron; no suspende la ejecución, salvo caución real y probabilidad preponderante de daño irreparable (arts. 405 a 409). Tramita como ordinario (art. 180).

CPCA Capítulo IV, Sección 6ª · arts. 410 a 421 Ley 912 Libro IV, Título VII · arts. 679 a 680 bis

Desalojo: procedimiento especial y juicio sumarísimo abreviado

En la Ley 912 el desalojo tramitaba por juicio sumario (art. 679), con condena de futuro (art. 680) y entrega inmediata del inmueble contra intrusos, bajo caución (art. 680 bis, según Ley 2145). El CPCA ofrece dos vías. La exposición de motivos se fija como objetivo «restituciones más rápidas» y la posibilidad de recuperar el inmueble «en menos de dos meses».

• Prueba limitada: en los desalojos por falta de pago, vencimiento o restitución exigible por instrumento sólo se admiten documentos, informes, requerimientos a oficinas públicas y pericia (art. 420).
• Lanzamiento: a los 10 días de notificada la sentencia si se funda en vencimiento, falta de pago o resolución por culpa del ocupante; a los 40 días en los demás casos; a los 5 días respecto de quien no tuvo título legítimo. El inmueble se entrega libre de bienes y ocupantes, y lo que quede se considera abandonado; esto debe transcribirse en la notificación de la sentencia (art. 419).
• Entrega inmediata: contra intrusos o sobre inmuebles libres de efectos y ocupantes, en cualquier estado del juicio, con los presupuestos del anticipo de pretensión y caución (art. 411; art. 232).
• Notificación: si no hay domicilio especial ni real en la provincia, en el inmueble; es válida en el domicilio especial electrónico, y la sentencia alcanza a todos los ocupantes (art. 413; art. 420).
• La intimación por falta de pago del art. 416 es suficiente a los efectos del art. 1222 del Código Civil y Comercial (art. 416).

CPCA Libro Segundo, Título III, Capítulo I · arts. 425 a 456 Ley 912 Libro III, Títulos II y III · arts. 520 a 605

Juicio ejecutivo y ejecución hipotecaria

Según la exposición de motivos, se mantiene «la estructura y la normativa en general» del ejecutivo neuquino, en un trámite único que absorbe las ejecuciones fiscales (art. 427, incs. 11 y 12), con reglas especiales para la hipotecaria. Las ejecuciones especiales de la Ley 912 —hipotecaria, prendaria, comercial y fiscal— tenían capítulo propio (arts. 595 a 605).

Ejecución hipotecaria

La demanda se acompaña con el testimonio de la escritura registrada y el informe de dominio, con intimación y citación de remate por 5 días (art. 454). Dictada la sentencia (art. 455):

• A pedido del acreedor, un escribano propuesto por él verifica el estado y la ocupación; si el inmueble está ocupado, se intima a desocupar en 10 días bajo apercibimiento de lanzamiento, y la tenencia se entrega al acreedor hasta la aprobación del remate.
• El precio puede pagarse directamente al acreedor, que deposita el remanente en 5 días.
• Ni el deudor ni el tercero poseedor pueden interponer incidentes ni recursos; conservan el juicio sumarísimo posterior y la impugnación de la liquidación una vez realizada la subasta.
• No procede la compra en comisión ni la indisponibilidad de los fondos.

En la Ley 912 la hipotecaria seguía el ejecutivo con excepciones limitadas y el informe del registro (arts. 597 a 599).

CPCA Título III, Capítulos II y III · arts. 457 a 523 Ley 912 Libro III, Título I y Título II, Capítulo III · arts. 499 a 519 y 559 a 594

Ejecución de sentencias, subasta y venta de bienes

• Ejecución parcial de la parte firme de la condena, aunque se haya recurrido el resto (art. 459), y continuada para condenas que se determinan en el futuro (art. 460). Los embargos preventivos se transforman de pleno derecho en definitivos (art. 461).
• Excepciones tras la citación de venta: suma inexigibilidad, novación, transacción y conciliación a las cuatro de la Ley 912 (art. 466; antes, art. 506). Todos los recursos en la ejecución de sentencia tienen efecto no suspensivo (art. 469); antes, se concedían en efecto diferido (art. 509).
• Aprobada la liquidación, el ejecutado debe manifestar bienes en 5 días bajo multa del 30 %, y cabe levantar el secreto bancario o fiscal (art. 485).
• Sentencias y laudos extranjeros: régimen actualizado (arts. 476 a 481); los laudos, por la Ley 27.449 (art. 480).

El comprador en comisión debe nombrar al comitente en 5 días y responde solidariamente si hay que subastar de nuevo por causa de este (art. 498). Los planteos del adjudicatario para demorar el pago del saldo se sancionan con multa del 5 al 30 % del precio (art. 511), y la nulidad de la subasta sólo puede pedirse dentro de 5 días, fundando el perjuicio (art. 521).

CPCA Título IV, Capítulo I · arts. 524 a 575 Ley 912 Libro V, Título II · arts. 714 a 762

Sucesiones: del escrito inaugural a la partición

Son, dice la exposición de motivos, «cuantitativamente, los procedimientos que holgadamente más abundan en la provincia». El capítulo se adapta al Código Civil y Comercial, busca acelerar el trámite hasta la declaratoria y empuja la partición fuera de los tribunales con incentivos fiscales: una reducción para quien acuerda y una tasa adicional para quien obliga al juez a decidir.

1. Escrito inaugural

   Con abogado matriculado. Se acredita el fallecimiento, o la ausencia con presunción de fallecimiento; se agrega el informe de juicios universales; se indica si hay otros coherederos, con nombre y domicilio, y los bienes a nombre del causante. Si no se conocen herederos o bienes, se declara bajo juramento; la omisión maliciosa es mala fe (art. 531; art. 7, inc. 17).

2. Apertura y edicto

   El juez abre el sucesorio, cita a los herederos denunciados y libra oficio al registro de testamentos. El edicto se publica 1 día, sin costo, en la web del Poder Judicial (art. 532; art. 159); la apertura se comunica al Registro de Juicios Universales. En la Ley 912: edictos por 3 días en el Boletín Oficial y otro diario (art. 725).

3. Declaratoria

   Los interesados justifican su vocación hasta 30 días corridos desde la última citación, sin computar la feria. Sólo se declara heredero a quien lo pidió expresamente o aceptó por otro medio (art. 536). La declaratoria puede ampliarse hasta la partición; después, sólo por petición de herencia (art. 537); en la Ley 912, en cualquier estado del proceso (art. 729).

4. Acuerdos de los herederos

   Los declarados deben procurar acuerdos sobre bienes y proyecto de partición, administración, uso de bienes, créditos y pago a acreedores. Donde no los hay, decide la mayoría por cuotas partes y, a falta de mayoría, el juez; ese pedido genera una tasa de justicia adicional del 3 %, que se paga antes de inscribir los bienes (art. 542).

5. Acervo

   Por unanimidad, denuncia de bienes en lugar de inventario, salvo que lo pidan los acreedores (art. 553). Si no, inventario y avalúo por perito designado por los herederos o por sorteo (art. 554), que describe también activos financieros y criptoactivos (art. 558). Traslado por 10 días (art. 562); antes, 5 (art. 750). Licitación dentro de 30 días corridos (art. 563).

6. Partición

   Privada, por unanimidad de copartícipes capaces (art. 564); o extrajudicial, con abogado, con reducción del 50 % de aranceles, tasas y tributos provinciales (art. 544). Si es judicial, partidor abogado, por acuerdo o sorteo (art. 566), con atribución preferencial según los arts. 2380 y 2381 del CCyC (art. 567) y traslado de la cuenta por 10 días (art. 568).

7. Adjudicación

   Firme la cuenta, resolución de adjudicación e inscripción, con libre deuda de impuestos y tasas o asunción del pago (art. 571); testimonios de las hijuelas (art. 572).

En los procedimientos universales no procede la recusación sin causa (art. 93) ni la perención (art. 242), y las controversias que surjan tramitan por incidente (art. 543).

CPCA Título II · arts. 422 a 424; Título IV, Capítulos II a V · arts. 576 a 618 Ley 912 Libros IV, VI y VII

Arbitraje, interdictos, mensura y procedimientos voluntarios

• Arbitraje. A todo arbitraje con sede en la provincia, aunque no sea comercial ni internacional, se le aplica la Ley nacional 27.449 (art. 423); la exposición de motivos lo presenta como el primer régimen «monista» de un código procesal del país. El acuerdo de arbitraje es excepción de previo pronunciamiento (art. 371, inc. 10). La Ley 912 regulaba el juicio arbitral, el de amigables componedores y el pericial (arts. 763 a 800). La pericia arbitral se mantiene: 30 días para laudar si no hay plazo, y efecto vinculante para el juez (art. 424).
• Interdictos. Se conservan los de adquirir, retener, recobrar y obra nueva (art. 576), con caducidad de un año desde los hechos o desde que se conocieron (art. 577; antes, art. 621) y trámite sumarísimo con las reglas del desalojo (art. 582; art. 584; art. 586). El de obra nueva es inadmisible si la obra está concluida o próxima a terminarse, y la suspensión puede pedirse preventivamente (art. 586).
• Nuevo Denuncia de daño temido: medidas de seguridad frente a un daño grave e inminente, mientras no intervenga la autoridad administrativa (art. 588). Y oposición a reparaciones urgentes: el afectado o el administrador del consorcio pueden pedir que se ejecuten las obras, con allanamiento si es indispensable (art. 589).
• Mensura. Suma dos supuestos: preparar la reivindicación de un inmueble poseído por otro y ubicar el título sobre el terreno (art. 590). El agrimensor cita a los linderos por circular con 10 días de antelación (art. 593). Antes, sólo para comprobar superficie o límites confundidos (art. 658).
• Nuevo Procedimientos voluntarios e informaciones sumarias: para acreditar hechos de los que no deriva perjuicio a persona conocida —la exposición cita como ejemplo una rectificación de partida— o cumplir informaciones que exigen las leyes. Sus decisiones no hacen cosa juzgada (arts. 610 a 618).
• Se mantienen, con ajustes, el examen de libros por el socio, la copia y renovación de títulos, la autorización para comparecer en juicio y el reconocimiento, adquisición y venta de mercaderías (arts. 603 a 609; antes, arts. 805 a 811).

Cuadro de consulta

Plazos que cambian

Los plazos de la Ley 912 y del CPCA que difieren, en el orden del código nuevo. Salvo indicación, se cuentan en días hábiles.

Preguntas frecuentes